PROYECTO 2 DATASTORYTELLING

PABLO GOYES

El proyecto final del curso de Data Storytelling se trata de la Migración del Ecuador en el año de 2021 tomado del dataset del Instituto ecuatoriano de estadísticas y censos, alrededor de 101 MB y mas de 1 millón de registros, esta data fue procesada en Power BI y se realizó un Dashboard con los índices principales de esta problemática, sabemos que las causas principales para realizar la migración tiene que ver directamente a la situación económica de las familias y por ende de la situación gubernamental en sí, *Según el resumen anual 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en ese año, el saldo migratorio de ecuatorianos fue de — 81 758 personas. A la par, según los datos del Ministerio de Interior, el saldo migratorio en el 2022 fue de — 107 974. En los dos años, entonces, el saldo migratorio fue de — 189 732. Por otra parte, de acuerdo con el Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales (INEC), el saldo migratorio entre 2011 y 2019 fue de -169 869.

*Las cifras recogidas solo toman en cuenta los arribos o salidas registradas en puntos de control migratorios oficiales. La migración irregular (estrechamente vinculada al tráfico de migrantes) no es tomada en cuenta en los registros, por lo que es posible que las cifras de saldo migratorio sean mayores a las especificadas. Conforme a un artículo del medio digital Primicias, entre enero y junio de 2022, 10 527 ecuatorianos fueron detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México.

En el documento se afirma que, si bien la realidad migratoria del país es cada vez más compleja, las políticas implementadas por el Estado no reflejan actualmente dicha complejidad. Las primeras políticas sobre la materia se orientaron principalmente a tratar la situación de la población ecuatoriana emigrante, y desde 2014 la población inmigrante pasó a constituir el centro del diseño de las políticas migratorias, en consonancia con una perspectiva basada en el control fronterizo. En consecuencia la integración social de la población inmigrante se ha visto afectada, a lo que se suma la vulneración de derechos que sufre la población ecuatoriana que emigra hacia el exterior en condiciones cada vez más peligrosas.

La problemática migratoria estuvo presente en el proceso constituyente de 2007 que desembocó en la aprobación de una nueva Constitución en 2008, mediante la cual el Ecuador se reconoció como un país de emigración, inmigración, tránsito y refugio, y se otorgaron importantes derechos a las poblaciones en movilidad. La Constitución se plasmó recién en 2017 en un nuevo cuerpo legal, mediante la aprobación de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Estos dos instrumentos legales son los que en la actualidad constituyen formalmente la base normativa de la política migratoria del país. En este documento se examinan las dinámicas migratorias del Ecuador en los últimos 20 años y la evolución de la política migratoria del país. A continuación de esta introducción, en la segunda sección del documento se caracterizan las distintas formas de movilidad internacional identificadas en el Ecuador en el período 2000–2021. En primer lugar se examina la evolución de la emigración ecuatoriana al exterior desde el año 2000 en adelante. Se subraya que, si bien el grueso de esa emigración se produjo entre los años 2000 y 2007, actualmente el país experimenta un nuevo flujo de emigración: se trata de población que se dirige principalmente hacia los Estados Unidos en condiciones muy vulnerables. También se analiza la evolución de las remesas y su participación en el PIB del país, que actualmente alcanza cifras récord. Luego se examina la dinámica de la inmigración y del refugio en el Ecuador, con énfasis en las poblaciones colombiana y venezolana que son las dos comunidades más importantes que actualmente residen en el país. En la tercera sección se analiza la inserción de la población migrante en el mercado laboral ecuatoriano de manera comparativa, se examinan algunas de las ocupaciones que la población inmigrante comparte con la población ecuatoriana y se considera en qué medida la condición migrante dificulta la integración socioeconómica de la población extranjera. En la cuarta parte del documento se analizan las respuestas del Estado en materia de política migratoria. Se señala que entre los años 2000 y 2021 la política migratoria procuró impulsar varios procesos de fortalecimiento institucional que no llegaron a consolidarse, produciéndose una brecha entre lo dispuesto en la norma constitucional y en la ley, por un lado, y la realización efectiva de los derechos de las poblaciones en movilidad, por el otro. El argumento central de este trabajo es que en los últimos 20 años, si bien la realidad migratoria del país se tornó cada vez más compleja y diversa, las políticas impulsadas por el Estado no reflejaron esa complejidad. Mientras que en un principio esas políticas se formularon principalmente para abordar la situación de la población ecuatoriana emigrante, desde 2014 en su diseño primó la agenda de la población inmigrante, en consonancia con una perspectiva orientada al control de las fronteras y la migración selectiva. El incremento de la migración venezolana a partir de 2017, así como la pandemia de la COVID-19, acentuaron esa tendencia. En consecuencia, el proceso de integración social de la población inmigrante se vio afectado. Además se ha desatendido a la población ecuatoriana que emigra en condiciones cada vez más peligrosas, lo que conlleva la vulneración de sus derechos. Respecto de las fuentes de la información presentada en este estudio, la caracterización de la emigración, la inmigración y la situación de refugio en el país se basa en el registro de movimientos migratorios del Ministerio de Gobierno, en la información sobre solicitudes y concesiones de refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y en datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de diciembre de 2018, 2019 y 2021.

La evolución tanto de los flujos migratorios como de las respuestas del Estado ecuatoriano en los últimos 20 años se produjo en un contexto internacional cambiante, caracterizado por el progresivo endurecimiento de las políticas migratorias y por sucesivas crisis económicas a nivel global, como la crisis de 2008 y la pandemia de la COVID-19 en 2020. Los contextos económicos nacionales también han sido inestables y cambiantes. El Ecuador experimentó dos períodos de desaceleración económica muy agudos — entre 1999 y 2002 y de 2015 hasta la actualidad — que causaron un deterioro marcado del mercado laboral y de los ingresos de la caja fiscal, sobre todo en los últimos años. El empleo adecuado pasó de un 41% en marzo de 2018 a un 32,5% en marzo de 2022, y el desempleo osciló entre un 5,1% y un 5,4% entre 2015 y 2021 (INEC, 2021a). Con respecto al déficit fiscal, este indicador se situó entre un 5% y un 6% del PIB en el período 2015–2020, y experimentó una recuperación en 2021, año en que representó el 3,5% del PIB (Banco Central del Ecuador, 2022). Actualmente el Ecuador se reconoce en su legislación como un país de emigración, inmigración, tránsito y refugio. Las múltiples movilidades existentes en el país combinan la emigración de población ecuatoriana, principalmente hacia España, Estados Unidos e Italia, con la llegada de población transfronteriza, sobre todo colombiana y, a partir de 2010, también cubana y haitiana. Mucha de esta inmigración ha permanecido temporalmente en el país, en una suerte de tránsito prolongado antes de volver a emigrar hacia los Estados Unidos o hacia el sur del continente (Álvarez Velasco, 2020). A partir de 2017 el Ecuador se convirtió en el tercer país, después de Colombia y el Perú, que recibe el mayor número de población venezolana. En julio de 2022, de acuerdo con la ya mencionada plataforma R4V, Colombia albergó a 1.800.000 personas venezolanas, el Perú recibió a 1.290.000 y el Ecuador, a 513.900 (Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, 2022). Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se calcula que alrededor de 2 millones de personas han emigrado en los últimos 20 años, y que han llegado al país alrededor de 750.000 personas. De un total de aproximadamente 17 millones de habitantes, la población ecuatoriana en el exterior representa entre un 8% y un 10% de la población del país, mientras que la población inmigrante y refugiada constituye entre un 3% y un 5% (Álvarez y Pérez Martínez et.al, 2020 Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana, 2021)

En efecto, en este período se produce, por un lado, la promulgación de la Ley Orgánica de Movilidad Humana en 2017, que recoge los principios de la Constitución de 2008, y por otro lado se registra la promulgación de varios decretos ejecutivos para responder de manera puntual a situaciones consideradas de emergencia, sobre todo después de la llegada de la población venezolana. En efecto, a partir de 2014 el Estado ecuatoriano promulgó una serie de decretos orientados a restringir la entrada de población de nacionalidades específicas, en contradicción con el principio de libre movilidad garantizado en la Constitución. Así, desde diciembre de 2015 se exige visado a la población cubana y se solicita a la población haitiana su inscripción en el sistema de registro turístico, que es una manera disfrazada de pedir un visado (Herrera Mosquera, 2019b). Además, en 2016 se produjo la deportación de 121 ciudadanas y ciudadanos cubanos que habían solicitado un permiso de tránsito humanitario que les permitiera llegar a la frontera entre México y los Estados Unidos. En los dos casos el Estado argumenta que dichas acciones son medidas orientadas a evitar el tráfico y la trata de personas (Ruiz Muriel y Álvarez Velasco, 2019). Por otro lado, en 2014 también entró en vigencia la visa Mercosur, que otorga la residencia por dos años en el país a todas las personas provenientes de los países que conforman el acuerdo regional. Entre abril de 2014 y marzo de 2016 se entregaron 33.846 visas Mercosur, de las cuales un 80% se otorgaron a población de origen colombiano. Por esta vía pudieron regularizarse muchas ciudadanas y ciudadanos colombianos que llegaron el Ecuador después de 2010 y que ya no se beneficiaron de la política de Registro Ampliado (Ramírez et al., 2017). El fenómeno que va a confirmar este giro restrictivo será la política implementada respecto de la migración venezolana. En efecto, hasta 2019 la población venezolana no necesitaba una visa para entrar al territorio ecuatoriano. La población venezolana que ingresó al país entre 2010 y 2016 obtuvo su residencia temporal gracias a un convenio firmado en 2010 entre los dos países, el Estatuto Permanente Ecuador-Venezuela, a través del cual la población venezolana podían obtener una visa de trabajo (visa 12 XII) luego de tres meses de permanencia en el Ecuador16. Esa visa apuntaba a personas que contaran con trabajos relativamente estables y permanentes, y que se hubieran insertado en el mercado laboral formal. Por otra parte, entre los primeros grupos de población migrante había varias personas con educación superior y suficientes recursos, quienes accedieron a visas para profesionales.

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